El Gobierno provincial puso en marcha un protocolo para recuperar los costos de despliegues policiales y de emergencia ante intimidaciones o falsas alarmas en establecimientos educativos.
El Gobierno de Córdoba implementará un nuevo protocolo que obligará a los responsables de falsas amenazas en escuelas a pagar los costos de los operativos de seguridad que esas situaciones generen.
La medida fue oficializada por el Ministerio de Seguridad y alcanza especialmente a casos de amenazas de tiroteo, intimidaciones públicas o falsas alarmas que demanden la intervención del Estado.
Según se informó, cuando los autores sean menores de edad, los gastos serán reclamados a sus padres o adultos responsables, siempre que los involucrados hayan sido identificados e imputados por la Justicia.
El esquema contempla el recupero económico de recursos utilizados por la Policía de Córdoba, brigadas especiales, bomberos, áreas investigativas, móviles, sistemas tecnológicos y personal afectado al procedimiento.
Una vez identificado el responsable, el Estado realizará una evaluación para cuantificar los recursos humanos y materiales desplegados en cada operativo. Con ese cálculo, avanzará con una intimación de pago y, en caso de incumplimiento, podrá iniciar acciones judiciales.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, sostuvo que este tipo de hechos no son bromas ni situaciones menores, ya que alteran el normal funcionamiento escolar, generan temor en estudiantes, docentes y familias, y obligan a movilizar recursos que deberían estar destinados a otras tareas preventivas.
“Cada vez que alguien realiza una falsa amenaza en una escuela se activa un importante dispositivo estatal. Eso tiene un costo, y ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad”, señaló el funcionario.
La implementación del protocolo se realizará en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y distintas áreas administrativas provinciales.
La decisión se conoce en medio de una creciente preocupación por amenazas en establecimientos educativos registradas en distintos puntos del país durante los últimos meses.
Con esta medida, la Provincia ratificó una política de tolerancia cero frente a este tipo de conductas y aseguró que buscará garantizar entornos escolares seguros para toda la comunidad educativa.
