El Tribunal Oral Federal 4 impuso cinco años de prisión a los exfuncionarios por irregularidades en la ampliación de gasoductos adjudicada a la firma sueca Skanska. La investigación se había iniciado en 2006.
A veinte años del inicio del escándalo, la Justicia federal condenó este lunes al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y al ex secretario de Obras Públicas José López en el marco de la causa Skanska, uno de los primeros expedientes por presunta corrupción en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
El Tribunal Oral Federal 4 resolvió imponer a ambos una pena de cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Los jueces consideraron acreditados los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La investigación se centró en las obras de ampliación de los gasoductos Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS), adjudicadas a la empresa sueca Skanska. Según la acusación, existió un esquema de direccionamiento de licitaciones y pago de sobornos para favorecer a la compañía en la ejecución de los proyectos.
Las condenas
Además de De Vido y López, el tribunal condenó al ex gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, también a cinco años de prisión. En tanto, varios directivos y gerentes de Skanska recibieron penas de entre tres y cuatro años por su participación en las maniobras investigadas.
La sentencia incluyó además el decomiso de más de 48 millones de pesos correspondientes al producto de los delitos de administración fraudulenta y cohecho, montos que deberán ser actualizados al momento de la ejecución.
Con esta resolución, De Vido suma una nueva condena en causas vinculadas a corrupción. Entre otros antecedentes judiciales, ya había sido condenado por la compra de trenes usados a España y Portugal, por sobreprecios en la importación de gas natural licuado y por la tragedia ferroviaria de Once.
Un caso emblemático
La causa Skanska se inició en 2006 bajo la instrucción del juez Ariel Lijo y la intervención del fiscal Carlos Stornelli. Con el paso de los años, el expediente se transformó en uno de los casos más emblemáticos de presunta corrupción en la contratación de obra pública.
Los fiscales Abel Córdoba y Joaquín Gaset sostuvieron durante el juicio que funcionarios y empresarios actuaron de manera coordinada para beneficiar a la constructora mediante concursos privados sin justificación, lo que permitió concretar las maniobras investigadas.
El juicio oral comenzó en abril de 2024 y se extendió durante 47 audiencias, con la participación de 78 testigos. El fallo fue adoptado por mayoría de los jueces Jorge Gorini y Néstor Costabel, mientras que María Gabriela López Iñiguez votó en disidencia respecto de algunos aspectos de la condena.
Los fundamentos completos de la sentencia serán difundidos por el tribunal el próximo 22 de septiembre.
