La Justicia avanzó con las detenciones luego de los resultados preliminares de la autopsia, que evidenciaron signos de violencia sostenida. Ambos están imputados por homicidio agravado por el vínculo.
La investigación por la muerte de Ángel López, el niño de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia, dio un giro clave en las últimas horas con la detención de su madre, Mariela Altamirano, y de su pareja, Maicol González.
La medida fue ordenada por la Justicia tras conocerse los resultados preliminares de la autopsia y distintos informes médicos que revelaron que el menor presentaba lesiones crónicas y un fuerte traumatismo craneal. Ambos fueron imputados como presuntos coautores de homicidio agravado por el vínculo, delito que contempla la pena de prisión perpetua.
Lesiones previas y cambio en la hipótesis
El informe forense contradice la versión inicial brindada por la madre, quien había asegurado que el niño se descompensó mientras dormía.
Sin embargo, los peritos determinaron la existencia de traumatismos previos a su ingreso al Hospital Regional el pasado 5 de abril. En particular, se detectaron lesiones en la zona craneal que datarían de al menos diez días antes del fallecimiento, lo que refuerza la hipótesis de un contexto de violencia sostenida.
Detenciones y próximos pasos
La detención fue solicitada por el fiscal Facundo Oribones ante el riesgo de fuga y se concretó mediante operativos simultáneos. Altamirano fue trasladada a una dependencia en Rada Tilly, mientras que González quedó alojado en la comisaría de General Mosconi.
Ambos serán indagados este martes en el marco de una causa que generó fuerte conmoción a nivel provincial y nacional.
Denuncias previas y foco en el sistema
El caso también reavivó cuestionamientos sobre la intervención de los organismos de protección. El padre del niño, Luis López, había denunciado en reiteradas oportunidades situaciones de maltrato.
Incluso, se registraron videos en los que el menor manifestaba su deseo de no regresar con su madre durante el proceso de revinculación.
Estas advertencias, que no derivaron en medidas efectivas, colocan ahora bajo la lupa tanto a la Justicia como al Servicio de Protección de Derechos, en medio de un caso que expone posibles fallas en los mecanismos de prevención.
