Los abogados de la exmandataria se opusieron a la medida.
El fiscal federal Carlos Rívolo pidió hoy elevar a juicio la causa por el atentado contra Cristina Fernández con tres acusados: Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatilló a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta; Brenda Uliarte, pareja del anterior que estaba con él esa noche; y Nicolás Carrizo, el líder del grupo de vendedores de copos de algodón de azúcar acusado de haber sido partícipe secundario.
Los abogados de la exmandataria se opusieron a que el caso se eleve a juicio en este momento. Sostuvieron que había pruebas por profundizar y que podría haber otros responsables del ataque que no fueron acabadamente investigados.
Rívolo advirtió en su dictamen de hoy que existen “hipótesis de investigación con medidas de prueba pendientes” sobre las que se seguirá trabajando en su fiscalía aunque la causa se eleve a un tribunal oral. No obstante, indicó que para él el hecho no requirió financiación y que de la investigación sobre los patrimonios de los acusados no surge que hubieran recibido un “pago directo” por el atentado.
“Le imputo a Fernando André Sabag Montiel haber intentado matar, de manera premeditada, a Cristina Elizabet Fernández de Kirchner -vicepresidenta de la Nación y Presidenta de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación-, contando para ello con la planificación y acuerdo previo de Brenda Elizabeth Uliarte y Gabriel Nicolás Carrizo”, sostiene el inicio del dictamen.
El fiscal detalló que el hecho sucedió “el 1° de septiembre de 2022, a las 21:00 horas aproximadamente, en la intersección de las calles Juncal y Uruguay” cuando “la víctima se encontraba saludando a las personas que estaban en el lugar, ocasión en la que el imputado, aprovechando el estado de indefensión en virtud de la multitud existente, apuntó hacia su rostro y, a corta distancia, accionó, en al menos una ocasión, la cola del disparador de una pistola semiautomática de acción simple, calibre .32 auto, marca Bersa, modelo Lusber 84 con la numeración 25037 en el lateral izquierdo del cañón, sin que se produzca el disparo pese a encontrarse la misma cargada con cinco cartuchos del mismo calibre y resultar apta para sus fines específicos”.
Rívolo relató que Sabag Montiel “contó con el aporte de Brenda Elizabeth Uliarte, quien estaba presente en las inmediaciones del lugar al cual arribaron conjuntamente y quien brindó el acuerdo, cooperación, apoyo moral y logístico para su realización”.
El fiscal también acusó a Sabag de haber portado el arma de fuego “sin contar con la debida autorización legal”.
A Uliarte, Rívolo le imputó haber participado de “la planificación del premeditado intento de homicidio”. Detalló que ella llegó al lugar junto a Sabag Montiel y le dio “apoyo logístico y moral” para el atentado. Según el fiscal, mantuvo “diversas comunicaciones con ambos coimputados” (Sabag y Carrizo) “de las que surge que planificó el suceso, evaluando diversas alternativas e intentos para llevarlo a cabo y evitar ser puestos al descubierto”. Rívolo también pidió que ella responda por la tenencia del arma.
En cuanto a Carrizo, está acusado de haber tomado parte “en la planificación del intento premeditado de dar muerte” a la vicepresidenta, dado que “intervino de forma activa en la planificación del suceso, habiendo aportado para su realización un arma de fuego tipo pistola calibre .22 corto, la cual finalmente no fue la empleada para concretar el delito planificado”, sostuvo el fiscal.
El fiscal destacó en su dictamen que los acusados “no contaban con aparatos específicos tecnológicos ni con equipamiento técnico alguno”.